FINANCIAMIENTO Y POLÍTICA AGROPECUARIA
Presentación
En la declaración fundacional de la Corriente Agraria
Retomando estos postulados fundacionales, la intención de estas líneas es presentar algunos aportes para el debate sobre el tema del financiamiento en el marco de la construcción de una Política Agropecuaria Nacional.
Introducción
Como ya hemos sostenido repetidamente, el modelo neoliberal, a la par de desarticular el Estado, provocó la desaparición de decenas de miles de productores, la concentración de la producción, un inusitado aumento de la renta propietaria; el control de la economía agropecuaria por grandes complejos agroindustriales, exportadores y provenientes del capital financiero. Consecuentemente, una fuerte dependencia económica sobre la base de un modelo de monocultivo agro-exportador, que cooptó la región pampeana y se extendió incluso a las regiones extra pampeanas, provocando la crisis de las economías regionales y generando un sistema ambiental, social y territorial escasamente sustentable, y constituyendo inevitablemente una estructura débil y vulnerable en términos de seguridad alimentaria.
Como contrapartida, el proyecto nacional y popular se cimienta en el crecimiento con desarrollo para la distribución de la riqueza con inclusión social. Se vuelven entonces ejes centrales del debate la puja distributiva y el rol del Estado. El desafío para el gobierno de este nuevo modelo de país pasará también por instrumentar políticas que tiendan a recuperar el rol protagónico del Estado como control y regulador de las actividades productivas, financieras, los servicios, los mercados y el trabajo. Todo lo cual nos lleva a afirmar que dichos mecanismos deberán comenzar por plantear planes y programas que apunten a la distribución de la riqueza y al financiamiento de los sectores productivos, como:
· la reforma de las entidades financieras, del sistema tributario, de los derechos de exportación, de la regulación del comercio interior y exterior, la política de precios y comercialización, los subsidios a los servicios públicos, el control de las privatizadas y los mecanismos de financiamiento a producciones en origen como créditos, subsidios, promoción de las distintas actividades productivas en la agricultura y en la agroindustria. Otro capítulo complementario deberá ser lo relativo al control de la evasión fiscal, principalmente en los grandes evasores, para esto no alcanza con la educación al consumidor y la generación de conciencia cívica que puede funcionar para la pequeña escala, será necesario que el Estado ejerza su poder de policía con los grandes, que en su mayoría se ubican en el sector agropecuario más concentrado. Recordando en este sentido las palabras de la Presidenta Cristina Fernández en la apertura de las sesiones legislativas 2011:
“Por primera vez la Argentina supera la recaudación impositiva en más de 100 mil millones de dólares. Para ser más exactos 104.754 millones de dólares, como también un récord de facturación en la República Argentina ; estamos hablando, obviamente, de la facturación declarada, de la facturación en blanco, porque todavía resta un gran desafío en la Argentina que es vencer a la evasión fiscal. Por eso, le voy a pedir al Parlamento argentino que por favor traten la Ley Penal Tributaria, que envié para que quienes evadan vayan presos. Lo mismo que la Ley de Lavado que nos exige el GAFI. El sector que más ha participado en esta recaudación ha sido el de la industria manufacturera, con un 21,4%, siguiéndole el sector financiero, el sector bancario con un 17,9%, casi un 18% de la recaudación; en tercer término el comercio al por mayor y al por menor, con un 10,6; 9,5% los servicios inmobiliarios; 8,4% comunicaciones y servicios de transporte y una curiosidad: el sector de agricultura y ganadería - uno de los sectores más dinámicos de nuestro país, en cuanto a productividad y rentabilidad - solamente ha participado en esa recaudación en 2,8%, casi igual que lo que ha recaudado la enseñanza privada en la Argentina , con el 2,1%. Hay algo que me suena inconsistente en el dato: o están cobrando muy caras las cuotas de los colegios privados o hay evasión en nuestro sector primario de la economía.”
Es por esto que afirmamos que la financiación, los servicios, los insumos (incluidos semillas y agroquímicos) y el comercio agropecuario nacional e internacional no deben continuar dependiendo únicamente de los intereses del capital financiero transnacional y de los grandes grupos económicos transnacionales que hoy los controlan, en razón de que son el obstáculo principal para el desarrollo del proyecto nacional. Contrariamente, su viabilidad depende del control por parte del Estado del comercio nacional e internacional de productos agropecuarios, del transporte por ferrocarril y marítimo, del desarrollo en genética de semillas y agroquímicos y del uso de los recursos financieros nacionales a través de la banca pública y cooperativa. .
Descripción
En los estudios consultados observamos que el potencial de oportunidades que para los hogares rurales pobres podrían estarse generando con la apertura y desarrollo de los mercados, así como consecuencia del gasto público (infraestructura, educación, etc.) no es aprovechado debido a su escaso acceso a financiamiento, más aún de medio y largo plazo. Esa falta de acceso responde tanto a factores del lado de la demanda: bajas capacidades de pago, altos costos de transacción y falta de productos crediticios adecuados; como a factores del lado de la oferta, debido a una débil infraestructura financiera en las áreas rurales. De esta forma, se reproducen y tienden a perpetuarse las desigualdades existentes en el aprovechamiento de oportunidades económicas y de ascenso social.
Acelerar sustancialmente el ritmo actual de reducción de la pobreza y de la inseguridad alimentaria, presupone entonces un mayor dinamismo en la generación de oportunidades económicas en los mercados y en el acceso de la población a financiamiento que les permita aprovechar dichas oportunidades. Sobre este punto, la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo sostuvo entre sus conclusiones que las reducciones sustanciales de los recursos asignados al sector rural han conducido a reafirmar la necesidad de un incremento sustancial en la dimensión rural del financiamiento al desarrollo.
Después de múltiples fracasos obtenidos en las décadas de los setenta y ochenta, al pretenderse solucionar los problemas de la agricultura a través de masivos programas públicos de crédito dirigido y subsidiado, las reformas financieras de los años noventa redujeron sensiblemente la participación del Estado en el financiamiento y generaron un vacío que no ha sido cubierto, como se esperaba, por la iniciativa privada en dichos mercados. Actualmente se reconoce la necesidad de una participación activa, pero distinta, del Estado en la construcción de mercados financieros rurales en los que actúen instituciones financieras sostenibles que amplíen el acceso de los hogares rurales al financiamiento.
Los replanteamientos acerca de la promoción de un crecimiento con reducción de las desigualdades y la pobreza subrayan la importancia de dirigir la financiación y gasto público hacia:
a) la inversión en los activos de los pobres rurales, en sus distintos componentes (mercado de tierras, renta de tierras, tecnología, infraestructura rural, capital humano, capital social, instituciones financieras rurales)
b) inversión en el mejoramiento del contexto que determina la productividad de dichos activos.
El sector financiero
De las reformas del sector financiero, durante los años 90, se esperaba una reducción en los gastos generales de los bancos, un creciente acceso financiero y la reducción del riesgo crediticio con la consecuente expansión de la industria aseguradora. Sin embargo, los resultados se parecen muy poco a lo esperado. La banca comercial privada, en general, concentra su financiamiento en el segmento empresarial moderno de la agricultura, en actividades tradicionales de riesgo controlado y sobre una base de garantías inmobiliarias, generalmente urbanas. Adicionalmente, por exigencias de la política macroeconómica y distorsiones en el sistema, las tasas de interés, en general, se mantienen muy elevadas, más aún comparadas con las tasas de retorno de las actividades rurales.
No obstante el cuestionamiento a la función de banca pública de desarrollo, ésta aún tiene una expresiva importancia en 19 países Latinoamericanos en los que en el 2001 administraban una cartera crediticia de US$ 118 millones, 35% de la cual era agrícola. Las limitaciones citadas de las reformas han puesto de nuevo en la agenda de varios países de América Latina y el Caribe su papel tomando en cuenta las lecciones obtenidas del pasado.
Un papel importante e íntimamente relacionado con la Banca comercial son los flujos de financiamiento que fluyen a través de compradores y/o proveedores a lo largo de cadenas de producción, transformación y distribución dentro del sistema agroalimentario. Los profundos cambios en este último, provocados en buena medida por innovaciones en la distribución (supermercados) han impuesto barreras adicionales de acceso a estos mercados por parte de la agricultura familiar. De ahí que estos circuitos de financiamiento generalmente no alcancen a éste último segmento de la población rural.
Como vemos, existen evidencias y un consenso internacional cada vez más amplio que las microfinanzas contribuyen a crear empleo, fomentar actividades productivas locales, desarrollar capital humano, promover una mayor competencia en los mercados y promover sobre bases amplias la participación económica. Sin embargo, las microfinanzas enfrentan, aunque con ventajas con relación a la banca comercial tradicional, las restricciones propias de operar con pequeñas operaciones financieras y las características de los mercados financieros rurales. La principal restricción es que, en general, las organizaciones de microfinanzas tienen una capacidad limitada de manejar y movilizar recursos efectivamente y expandir la clientela rápidamente.
Según estudios de la FAO , a pesar de esas circunstancias, se han dado avances en las microfinanzas de los países de América Latina y el Caribe, de los que vale destacar dos aspectos fundamentales:
a- las organizaciones de microfinanzas exitosas han logrado demostrar que su sostenibilidad financiera, alcance (ampliación de su clientela) y profundidad de servicios (otorgar pequeños préstamos) son metas compatibles y posibles de ser logradas
b- evidencias en el ámbito internacional que muestran que brindar servicios financieros en las áreas rurales es rentable si se adopta una tecnología financiera apropiada y se establecen redes de distribución compatibles con el tamaño y características de esos mercados.
Otro aspecto a tener en cuenta sobre el sistema financiero argentino es que capta más depósitos que los préstamos que da. En efecto, al 21 de noviembre de 2008, el total de depósitos en pesos que captaron el conjunto de las entidades financieras del país ascendió a $ 201.652 Millones correspondientes al sector privado, más las imposiciones del sector público de $ 64.448 Millones; suma a la que se le debe agregar los U$s 9.192 Millones de imposiciones en dólares (aproximadamente unos $ 30.800 Millones), con lo cual, el total de depósitos a la fecha mencionada, alcanzaba la suma de $ 296.900 Millones. Sin embargo, el crédito al Sector Privado otorgado por las entidades al 21/11/2008, ascendía a $107.076 Millones, más U$s 6.070 Millones (convertido en pesos unos $ 20.300 Millones), conforma un total de $127.376 Millones. Quiere decir que el sistema financiero en su conjunto capta más del doble de depósitos que los préstamos que concede al sector privado. El crédito ya era insuficiente para financiar la producción en general y a los proyectos de inversión en particular, podemos concluir que nos encontramos frente a la primera gran restricción del sistema financiero local: Incapacidad para generar préstamos en la medida de recursos y plazos que la economía Argentina necesita.
A simple vista se observa una importante canalización en créditos personales y tarjetas de crédito, a lo que le podemos sumar parte de los créditos hipotecarios y prendarios, lo que demuestra que es significativo el crédito al consumo del sistema. También podremos concluir que el sistema financiero actual encuentra fuertes limitaciones para participar en la conversión del ahorro en inversión, en este sentido, la reconversión del sistema, con la capitalización de las entidades realizada, debería permitir generar más créditos y también, que los mismos sean a mayor plazo. La política financiera debe favorecer la conversión de los excedentes en inversión.
"Vamos a iniciar una metodología de análisis mucho más desagregada para ver cómo presta el total de la banca pública y privada, nacional y extranjera. Necesitamos reorientar el crédito para sostener la inversión y el crecimiento, teniendo en cuenta la muy buena rentabilidad de las entidades financieras. Nunca se ha desagregado en las 35 entidades financieras que envían su nómina al Banco Central, nunca se ha hecho un estudio de cómo prestan” (Discurso de la presidenta Cristina Fernández en la apertura del 129 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional).
El sistema tributario
El sistema tributario tiene directa relación con la distribución del ingreso, ya que el porcentaje de la recaudación con respecto al PBI está entre el 26,5% y el 47%, dependiendo de las diferentes capas sociales. La Argentina marchó a partir de 1975 hacia un esquema distributivo muy regresivo, que supone que primen más los impuestos al consumo e indirectos y menos los directos a ganancias, renta o patrimonios. Si bien en los últimos años la proporción de ganancias en la torta impositiva mejoró (vía retenciones a las exportaciones de energía y alimentos) el peso del IVA como impuesto al consumo sigue siendo muy alto. Otro caso de esquema regresivo es la distribución en algunas provincias como el caso de Córdoba que realizan una rebaja general del 30%, lo cual no repercute en el bolsillo de los trabajadores e implica la pérdida de millones que dejan de tributar los grandes contribuyentes. Esta estructura hace que el sistema impositivo cargue más sobre los que menos ganan, con relación a la participación que cada uno tiene en el ingreso. Los cambios necesarios en la estructura tributaria hacia un sistema menos regresivo combinados con el resto de las áreas que venimos mencionando, generarán un flujo de recursos genuinos hacia los sectores productivos por la vía de los diversos mecanismos de financiamiento, privilegiando sobre todo los pertenecientes a las Pymes locales y la pequeña y mediana agricultura.
Propuestas
Es necesario generar y asegurar accesibilidad de la pequeña y mediana empresa agropecuaria, los productores familiares, individuales o asociados, los pueblos originarios y el conjunto de sus organizaciones sociales, junto a los trabajadores rurales a los modelos tecnológicos apropiados de producción, a mecanismos de financiamiento que permitan incrementar la productividad, diversificar y planificar lo que se produce en cada lugar en función de las necesidades de cada una de las regiones del país, y desarrollar procesos virtuosos de eslabonamientos de agroindustrias asociativas entre productores, gobiernos municipales y trabajadores, para lograr productos de consumo local y regional, así como también para la exportación.
El financiamiento a la inversión rural en su acepción más amplia implica encaminar esfuerzos hacia:
a- el mejoramiento del clima o ambiente para el aprovechamiento de oportunidades que se generan en los mercados (de productos, financieros y de servicios)
b- la gestión de políticas públicas que favorezcan un desarrollo rural incluyente y acceso a los mercados
c- la utilización eficiente del gasto público
d- la expansión de los servicios financieros a las áreas rurales
e- el direccionamiento a los sectores y áreas priorizadas desde el interés general.
En síntesis, en términos del financiamiento y en una perspectiva de medio y largo plazo el desafío fundamental está en generar un ambiente y políticas públicas que propicien la articulación alrededor del desarrollo de los mercados financieros rurales, del gasto público (social, productivo y en infraestructura), los recursos de ahorro de los diversos agentes de la sociedad y la expansión de los servicios financieros a través de instituciones financieras sostenibles (bancarias o no bancarias y microfinancieras). En general, existe la tendencia a tratar esas dimensiones de la financiación en forma fragmentada y muchas veces en sentidos cuyas resultantes no conducen a la construcción de una institucionalidad que facilite el acceso a mercados en forma sostenible.
Prácticamente la totalidad de países de la región encaminan esfuerzos para mejorar las condiciones para el financiamiento formal a la agricultura. El principal desafío que se enfrenta es la búsqueda de nuevas soluciones para el desarrollo de mecanismos que, expandiendo la frontera de los servicios financieros hacia comunidades rurales de bajos ingresos, reduzcan los costos de transacción de los servicios financieros, mejorando la sostenibilidad financiera de los intermediarios no bancarios. Entre los aspectos que merecen mayor atención al respecto están:
a. El mejoramiento del ambiente económico para la realización de transacciones financieras en las áreas rurales, que se relaciona con todos los mecanismos de financiamiento desde la banca comercial, pasando por los Compradores y proveedores, hasta las microfinanzas rurales. El ambiente tiene que ver con el marco de regulación y supervisión financiera; marco legal para la seguridad contractual; marco legal para ampliar la base de las garantías, la industria de los seguros y otros mecanismos para compartir riesgos.
b. El mejoramiento del desempeño y la expansión de la cobertura de las instituciones financieras que potencialmente podrían expandir sus fronteras de servicios financieros a las áreas rurales. Esto implica adicionalmente: la movilización de depósitos y la articulación entre los servicios financieros y los no financieros (transferencia de tecnología, etc.) que en los segmentos de menores ingresos significa vincular los recursos de transferencias al desarrollo de los mercados financieros rurales.
Aportes para pensar las políticas de financiamiento en el sector rural:
¨ La construcción de una red institucional de financiamiento exige:
1. la revisión y ajustes en la Banca Pública
2. la expansión de los servicios financieros de la banca comercial privada;
3. la creación y/o fortalecimiento de instituciones financieras de carácter cooperativo y/o microfinancieras.
El desafío es la construcción de sistemas financieros (instituciones y productos) que permitan el acceso masivo de los productores rurales y que facilite la realización de inversiones en el área:
a. Revisar experiencias exitosas en la aplicación de fondos mutuos, seguros y los fideicomisos a nivel internacional
b. En los últimos años ha habido un desarrollo importante de nuevos actores que sirven determinados sectores excluidos del financiamiento tradicional con fines sociales.
c. A ello debe sumarse la experiencia de desarrollo regional y clusters de las cooperativas regionales y bancos éticos en Europa
d. Es clave en el desarrollo del mercado financiero rural el papel del Estado como ente normativo, regulador y supervisor del sistema financiero, promotor e impulsor de políticas de fomento así como de crear las condiciones económicas y marco institucional necesario para el desenvolvimiento del sector privado
e. Finalmente, la experiencia internacional nos indica que la relación causal de servicios financieros y desarrollo rural no es concluyente en la medida que existen otros factores que inciden en el mismo, tales como educación, empleo no agrícola, productividad y lucha contra la pobreza rural.
Algunas condiciones necesarias para los sistemas de créditos al sector rural de la Agricultura Familiar
1. Suficiente para cubrir la totalidad de los gastos de explotación y/o las inversiones necesarias considerando los plazos en que se comenzaran a generar ingresos.
2. A tiempo: para la realización de las actividades previstas. Las demoras tienen grandes costos en rindes de las actividades por desajustes en clima.
3. Con mecanismos de garantías suficientes para asegurar su repago. (¿fondos de garantías?)
4. Con cobertura de riesgos climáticos y de mercados (¿créditos valor producto?).
5. Con costos ajustados a la rentabilidad esperable de las actividades involucradas.
Planes y programas en relación a:
o Bancarización de los pequeños y medianos productores.
o Créditos de fomento para:
§ Adquisición de tierra.
§ Producción.
§ Capital de trabajo.
§ Infraestructura productiva.
§ Reconversión.
o Banca rural de crédito.
o Cajas de crédito rural.
o Política financiera para jóvenes y agricultores familiares.
o Fondo de garantía rural.
o Fondo de emergencia permanente para la agricultura familiar.
Será necesaria la discusión y elaboración de propuestas en el área financiamiento en relación con:
1- Sistema financiero
2- Sistema Tributario
3- Mercado interno
4- Política de precios
5- Política salarial
6- Comercio exterior
7- Regulación, control y subsidios a los servicios públicos
8- Impulso a la producción local
Conclusión
· Garantizar en primer lugar el derecho a la alimentación de toda la población y, consecuentemente, la seguridad alimentaria tanto en calidad, cantidad, precio y variedad;
· democratizar el acceso a la tierra para su utilización productiva y en defensa de la soberanía, manejo, conservación y acceso a los recursos naturales nacionales;
Acto de la CANPO en el Luna Park: Una verdadera fiesta popular.
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